El Pleno aprueba concertar operaciones de crédito para un segundo pago a proveedores de 5,17 millones de euros

El pleno ordinario de la Corporación de Estepona ha aprobado hoy como asunto urgente una moción para concertar una operación de crédito para financiar el segundo plan de pago a proveedores por un importe de 5,17 millones de euros, en las condiciones fijadas por el Gobierno central, para cancelar parte de la deuda heredada con empresas. El edil del área

Económica ha explicado que el 99,96% de esta deuda procede de los gobiernos del anterior alcalde socialista y que se suma al débito de 60,7 millones de euros que el Consistorio ya abonó a proveedores con el primer plan de pagos articulado por el Ejecutivo central.

El asunto ha sido aprobado con el voto favorable del equipo de gobierno y del grupo CIE y con el rechazo del PSOE. Al respecto, el responsable del área Económica ha lamentado que los socialistas “no quisieran pagar sus facturas cuando las contrataron ni quieran ahora que el Ayuntamiento las pague con este mecanismo”. Asimismo, ha criticado que el anterior gobierno solo pagó el 3% de los gastos que contrató y se ha preguntado por qué el portavoz socialista no la abonó cuando estuvo al frente del Ayuntamiento y formó parte del gobierno de los últimos ocho años.

Aguilar se ha referido además a que esta enorme deuda, que supera la de ciudades como Sevilla, Alicante o Toledo, ha provocado la “ruina” de numerosas empresas tanto locales como del resto del país, obligando a muchas de ellas a cerrar. Al respecto, Aguilar ha considerado que el portavoz socialista debería haber respondido por estas “malas prácticas” en la gestión de la Administración local. “Si existiera el delito de arruinar una ciudad, usted tendría la pena máxima”, ha manifestado el concejal.

Por otra parte, los ediles se han reunido en junta general universal de la sociedad Empresa de Planificación y Desarrollo Urbanístico de Estepona, SLU para continuar con su disolución. Así, se han aprobado las cuentas de los ejercicios 2009, 2010 y 2011. Se trata de un proceso liquidatorio que comenzó el 17 de agosto, ya que se estaba pendiente de la aprobación de estas cuentas para cumplir con las obligaciones del reglamento de Registro Mercantil.

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