El Ayuntamiento comunica ante la Autoridad Laboral el expediente para reducir plantilla, que afecta a 176 laborales contratados sin proceso selectivo

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha anunciado que el Ayuntamiento ha comunicado hoy ante la Autoridad Laboral el inicio del expediente para reducir plantilla, que afecta a 176 laborales que fueron contratados sin proceso selectivo, y ha entregado a las centrales sindicales la documentación al respecto. El regidor ha anunciado que el martes se mantendrá la primera

reunión con los sindicatos para establecer el periodo de consulta con la representación legal y sindical de los trabajadores a fin de buscar alternativas o negociar otros criterios para fijar el ajuste de personal exigido por la situación económica actual del Ayuntamiento.


'Es un proceso que se desarrolla con toda transparencia y objetividad y este gobierno sigue abierto al diálogo y soy el primero que no quería llegar a esta situación y por tanto, el primero que estaré deseando salir de esta situación si hay medidas realistas que permitan ahorrar seis millones de euros en personal”, ha manifestado. Al respecto, ha precisado que la lista de empleados afectados se ha confeccionado según los criterios objetivos recomendados por la empresa externa experta en Derecho laboral contratada para tal efecto.
'Ha sido la circunstancia sobrevenida de encontrar una deuda el doble de la admitida por el anterior gobierno y la obligación del Estado de establecer un equilibrio en las cuentas para pagar a proveedores, en concreto se han abonado 60 millones de euros. Para atender a esto, el Ayuntamiento tiene que reestructurarse necesariamente y durante dos meses hemos tenido una negociación para bajar el coste de los empleados del Ayuntamiento en seis millones de euros”, ha explicado el primer edil que ha recordado que la bajada de sueldo fue rechazada por los sindicatos.


García Urbano ha señalado que esta medida permitirá el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y posibilitará al Ayuntamiento hacer frente a sus obligaciones y a la prestación de más servicios e inversiones para la localidad. Asimismo, ha indicado que la ciudad no va a notar merma en la prestación de servicios y que éstos están garantizados.
'Es la fórmula de garantizar el funcionamiento del Ayuntamiento y la prestación de los servicios, así como garantizar el pago de las nóminas. El equipo de gobierno ha adoptado la decisión de no subir los impuestos a los ciudadanos, en el convencimiento de que las familias no pueden costear la mala gestión y el despilfarro ocasionado por la clase política durante años”, ha abundado.


García Urbano ha subrayado que el Ayuntamiento pondrá en marcha un plan de recolocación externa para los empleados que resulten afectados por la reducción de plantilla municipal. Con esta iniciativa recibirán un itinerario formativo -de un mínimo de seis meses- dirigido especialmente a la readaptación o la reconversión de los trabajadores para su integración en el mercado laboral. Asimismo, esta iniciativa va aparejada a un plan de acompañamiento social, que incluye que las posibles contrataciones o sustituciones que se realicen en el Ayuntamiento vayan dirigidas preferentemente a este personal. Además, el Ayuntamiento depositará los seguros sociales que corresponden a los afectados mayores de 55 años en la Seguridad Social, lo que beneficiará la cotización de su jubilación.


Por su parte, el concejal del área Económica, Manuel Aguilar,  ha manifestado que la situación económica-financiera del Ayuntamiento está caracterizada por un fuerte desequilibrio presupuestario entre los ingresos y los gastos y por un continuo descenso en la liquidez. “Esta situación ha dado lugar a la suspensión de pagos a todo tipo de proveedores de bienes y servicios, como único medio de disponer de recursos económicos suficientes para hacer frente a los gastos de personal, lo que ha derivado en un considerable número de reclamaciones de intereses de demora”, ha explicado el responsable del área Económica, que ha apuntado que el total de reclamaciones judiciales -vía contencioso-administrativo- contra el Ayuntamiento superan los 52,6 millones de euros, y que la solicitud de la ejecución definitiva de algunas de las reclamaciones puede ocasionar problemas de liquidez. Al respecto, ha señalado que los intereses de la deuda municipal generaban 15 millones de euros al año de intereses.
Asimismo, se ha referido al excesivo peso de la plantilla -más del 90% sobre los ingresos municipales-, lo que resulta desde el punto de vista económico “insostenible”. Así, ha puesto como ejemplo que el peso de la plantilla municipal supera e incluso triplica la de otras entidades locales, tales como el Ayuntamiento de Oviedo, con un 30% de peso de la plantilla, Gijón, con un 35% o Burgos, con un 38%.


Aguilar ha subrayado además que las medidas puestas en marcha desde el inicio del mandato por el equipo de gobierno han permitido ahorrar nueve millones de euros, “lo que demuestra que este gobierno ha hecho todo lo posible para equilibrar los ingresos y los gastos”.


La concejala de Personal, Pilar Fernández-Fígares, ha argumentado que  el equipo de gobierno ha seguido criterios objetivos de elección de los trabajadores afectados por la reducción de plantilla. Así, ha indicado que se han acordado las necesidades en materia de personal para atender los servicios de cada área municipal de manera eficaz y eficiente; se ha procedido a relacionar a todos los empleados de acuerdo con su categoría profesional y se ha ordenado por orden cronológico de ingreso. A partir de aquí, ha indicado que se ha procedido a la elección de los trabajadores afectados siguiendo un criterio de menor antigüedad dentro de cada categoría.


La responsable de Personal ha detallado que se ha excluido de la medida de regulación de empleo a los seis trabajadores que acordaron la reducción a la mitad de su jornada de trabajo y de salario. En relación al Centro de Educación de Adultos, ha indicado que se ha considerado un servicio a extinguir en su totalidad puesto que se trata de una competencia impropia del Consistorio duplicada y porque existe en Estepona un Centro de Educación de Adultos, financiado por la Junta de Andalucía.


Asimismo, ha explicado que la Escuela de Seguridad Ciudadana se ha considerado un servicio a extinguir en su totalidad porque se trata de un departamento del que el Ayuntamiento puede prescindir sin verse afectados los servicios que se prestan a la ciudadanía.

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