El Ayuntamiento pide al juzgado que se continúen las diligencias por el uso durante el anterior mandato de más de 20 millones de convenios urbanísticos para pagar gasto corriente

El Ayuntamiento de Estepona ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 5 de Estepona para formular recurso subsidiario de apelación contra el auto de sobreseimiento provisional en relación al uso durante el pasado mandato de más de 20 millones de euros de los fondos del patrimonio municipal del suelo para el pago de gasto corriente. Asimismo, se

solicita que se acuerde la continuación de la causa por la vía de las diligencias previas; así como que se practiquen nuevas “que son esenciales para el esclarecimiento de los hechos objeto del proceso”.

El escrito presentado por el Consistorio recuerda que la Ley reguladora de las Haciendas Locales recoge que “los ingresos procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y derechos que tengan la consideración de patrimoniales no podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes”.

“Las cantidades citadas, con flagrante y notorio desprecio a la normativa vigente y de las denuncias de la propia interventora municipal fueron destinadas por el exalcalde David Valadez, con la aquiescencia de los entonces interventores y tesoreros accidentales, al pago de gastos corrientes”.

El Consistorio argumenta además que estas cantidades fueron entregadas al Ayuntamiento condicionadas al cumplimiento de un planeamiento convenido con particulares, y que, por lo tanto, eran fondos cuyo destino, además de estar previsto por la ley específicamente, venía condicionado.

En este sentido, el escrito pone de manifiesto que entre los “los perjuicios” que el Ayuntamiento debe soportar por el “actuar antijurídico” de los regidores denunciados se encuentra la responsabilidad con los terceros aportantes de los fondos, a quienes está obligado a devolver los mismos, no pudiendo por no disponer de ellos; provocando esto además perjuicios para el municipio que hoy son incalculables, pero que habrían de ser determinados en el seno de las presentes actuaciones.

En el escrito remitido al juzgado también se hace referencia a las consideraciones realizadas por hechos similares a este asunto por la Dirección General de la Policía en el procedimiento del 'caso Astapa'. Al respecto, se pone como uno de los ejemplos el informe número 62.213 UDEF-BLA de las citadas actuaciones, donde se recoge que “es de significar que la Ley de Ordenación Urbanística dice que no se pueden sufragar gastos corrientes con dinero procedente de enajenaciones patrimoniales, es decir, que impide que el dinero procedente de urbanismo se destine al pago de nóminas, extremo que al parecer se está incumpliendo sistemáticamente en Estepona, dado que son múltiples las conversaciones de los diferentes investigados”.

El Consistorio solicita, por tanto, que se practiquen todas las actuaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos objeto del proceso. Entre ellas, que se tome declaración en calidad de testigo de los hechos denunciados a Dolores Zanón, en calidad de interventora del Ayuntamiento y por ser quien denuncia en un pleno de la Corporación las irregularidades administrativas que dan origen a este procedimiento.

Así como que los administradores liquidadores de las sociedades municipales, en calidad de testigos, aporten a las actuaciones información sobre el origen de los fondos recibidos y el destino dado a los mismos por los anteriores gerentes de las empresas municipales para “determinar el alcance y las consecuencias que los hechos tienen para las arcas municipales, por su responsabilidad para terceros”.

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